Un impredecible final se avizora detrás de la interpelación promovida por el diputado Amílcar Pop contra la ministra de Educación, Cinthya del Águila. Poco comprensibles son las razones por las que la funcionaria podría ser interpelada y luego citada por los tribunales de justicia: el diputado dice que ella ha faltado a sus obligaciones porque alguno de los funcionarios menores de la cartera educativa no envió impresos los informes mensuales que detallan la actividad ministerial. Aunque esos reportes que el diputado Pop exige ahora judicialmente están a disposición del público en la página electrónica del Ministerio cada mes, el pintoresco diputado alega una falta gravísima de la funcionaria porque no envió la caja de papel impreso que cada cuatro semanas estuvo llegando durante meses para dormir el sueño de los justos en algún rincón del “muy activo y honorable” Congreso.
Detrás del reclamo fundamentado en la letra muerta, pero que es legalmente endeble y legítimamente cuestionable, se observa poco o ningún genuino interés en la reforma educativa —que debería ser una razón para llamar a la funcionaria al hemiciclo parlamentario—. Tan solo trasluce pálidamente el deseo de buscar un punto de negociación forzosa o bien el hambre de protagonismo que algunas veces ahoga a los políticos cuyo futuro electoral se perfila incierto.
El diputado Pop, uno de los mejor preparados parlamentarios indígenas de la historia, batalla para una victoria improbable y sin duda, intrascendente. Lucha por defenestrar a una funcionaria que tiene en sus manos la responsabilidad de conducir la educación pública del país, al frente de un presupuesto de Q1 mil 100 millones y 196 mil empleados, pero que se ha visto obligada a acoplar su horario a las 267 citaciones que los parlamentarios le hicieron en el 2012 para que explicara temas como la reforma magisterial y los procesos de educación bilingüe e intercultural.
Una maraña poco clara gira en torno al proceso emprendido por el diputado Pop, pues mientras él tramita afanosamente el antejuicio y ha conseguido premura en el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia para ventilar este caso, la reforma educativa se ha detenido entre el diálogo con unos pocos estudiantes que realmente están interesados y comprenden el tema y el retardo casi malicioso de las autoridades de la Usac para que esa casa de estudios se haga cargo —con presupuesto adicional— de la formación de maestros, tal y como se ha previsto en la reforma educativa.
¿Por qué resulta impredecible el desenlace del trabajo de la Comisión Pesquisidora que deberá nombrar el Congreso para investigar la denuncia contra la ministra? En principio, porque el caso parece ser jurídicamente frágil y podría dejar mal parado al diputado ponente, pues el trámite y posible sentencia será poco menos que absurdo, caro y solo desprestigiará la ya derruida credibilidad en los diputados.
El Congreso está maltrecho. No trabaja desde hace meses en temas productivos para la nación. A cambio, se dan el lujo de interpelar a diestra y siniestra, sin duda, para provocar una negociación política que en esas circunstancias no tiene legitimidad alguna y además tratan de sentar en el banquillo de los acusados a una excelente ministra de Educación que lo único por lo que lucha es por darle un cambio cualitativo al anquilosado y caduco sistema educativo del país, una agenda pendiente, que nos atrapa en la ignorancia y el subdesarrollo, los diputados son la muestra más elocuente de ese estatus nacional.
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