La justicia guatemalteca enfrenta su prueba de fuego con el juicio a los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez. Ríos, jefe de Estado entre 1982 y 1983, y Rodríguez, director de Inteligencia Militar en ese período, enfrentan cargos por genocidio y se encuentran en el ojo del huracán de una tormenta mediática desatada por activistas de derechos humanos y, sin duda, por gente que nutrió la guerrilla durante los 36 años de conflicto.
A inicio de semana se temía que el publicitado proceso contra el ex jefe de Estado fuese no solo un circo político, sino además una aberración total del debido proceso. Y es que los indicios son alarmantes: los activistas han lanzado una campaña de presión contra los jueces y se han permitido declarar que si no se admite la existencia de genocidio, la comunidad internacional se volcará en presiones contra el Gobierno.
Oportuno resulta analizar el entorno en que comienza este caso. Las intenciones reales de quienes quieren que se declare a como dé lugar la culpabilidad de los generales Ríos y Rodríguez es abrir un caso contra cientos de militares que participaron en la guerra, para sentenciarlos por situaciones que, según entendemos muchos, fueron contempladas en los acuerdos de paz y se tradujeron en una amnistía, buena no solo para los guerrilleros, sino también para los militares. Entre quienes serían juzgados por esos lamentables hechos de guerra estaría quizá el mismo presidente Pérez Molina. Eso sí: no hay procesos contra guerrilleros, porque ahora, dicen, es muy difícil comprobar su participación en hechos igualmente punibles.
Luego de que durante meses se rechazó la aportación de pruebas de la defensa para descalificar la acusación de genocidio, ayer por la mañana el juez del caso dijo que aceptará las pruebas de descargo. Pero en una acción de flagrante violación a los derechos constitucionales del acusado Ríos Montt, la jueza sacó de la sala al abogado de este, argumentado que ella y otro magistrado tenían conflicto con él, lo cual es vedarle a Ríos Montt el ejercicio pleno de su derecho a la legítima defensa. Lo que procedía, en todo caso, era que la jueza se excusara, pero en ningún momento tenía legalmente el derecho a impedir al abogado de Ríos su presencia y participación. Ojalá y el abogado pida de inmediato la anulación y clausura de ese proceso que ya quedó viciado.
No abogo por el olvido de los hechos terribles que nos robaron 36 años de paz. No pido que cerremos los ojos ante el dolor real que vivieron miles de guatemaltecos al fragor de la guerra. Pero sí creo que el futuro bien vale el esfuerzo de perdonar y buscar cómo impedir que se repitan tanto las causas que originaron la guerra como los desmanes cometidos por uno y otro bando. No fue un conflicto entre santos, sino fue una guerra en la que un ejército irregular, no uniformado, escondido entre población civil, salía a destruir, asesinar y atacar a civiles y militares.
Inaceptables los excesos de la guerra, pero injusta la pretensión de los activistas por buscar una sentencia sacrificando la ecuanimidad del sistema de justicia del país.
Entiendo el coraje de muchos. Desprecio a quienes buscan poner a nuestro sistema judicial en entredicho solo para buscar una victoria en tribunales que no lograron tener en el campo de batalla. Si Ríos Montt es condenado y su proceso es viciado, como de hecho ya ocurrió ayer, el hecho fácil podría ser la mecha que reactive el enfrentamiento, podría decirse que la paz habrá muerto en Guatemala una vez más.
Guatemala, 20 de Marzo, 2013
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