Dos veces he leído una publicación pagada que firman varios personajes que han salido a abordar el tema del muy publicitado juicio por genocidio contra los generales Ríos Montt y Rodríguez y, a mi parecer, han abierto una nueva perspectiva. En el documento me llama poderosamente la atención la presencia, entre otros, del exguerrillero del EGP y brillante intelectual Gustavo Porras Castejón, Adrián Zapata, Eduardo Stein y Raquel Zelaya, cuya línea de pensamiento no se puede etiquetar como gente de derecha, sino más bien del centro a la izquierda. Algunos de ellos facilitaron la construcción de puentes entre los radicales de izquierda y derecha y hoy respaldan también la publicación que se titula Traicionar la paz y dividir a Guatemala.
Tres aspectos me parecen especialmente valiosos en la publicación. El primero es que aunque muchos critiquen los Acuerdos alcanzados en 1996, es un hecho que la violencia política y la violencia de Estado prácticamente desapareció. Hay violencia y eso es innegable, pero como señala el comunicado, ya no tiene su origen en la acción institucional del Estado, como ocurrió por mucho tiempo. Nadie muere a manos de los esbirros por criticar al Gobierno, como sí ocurrió antes; más bien, hay una amplia posibilidad de criticar y señalar sin techo alguno.
Señalan además los firmantes, que si se produce una sentencia por genocidio, esta afectará no solo a los acusados, sino al Estado como tal, porque será la aceptación de que en este país se intentó eliminar a un grupo social por razones raciales. Semejante posición planteada en el juicio no soporta el mínimo análisis lógico porque durante 36 años todos sufrimos, no solamente la etnia ixil, como artificialmente se pretende hacer creer en el juicio. Si en nuestra dolorosa guerra se hubiera planificado el genocidio, los ixiles hubieran sido el objetivo de una campaña de exterminio, lo cual no ocurrió, pues la violencia de uno y otro actor, nos afectó a todos. No hubo definición por criterio étnico, sino una desgraciada realidad que enfrentó al Estado contra exmilitares, comunistas urbanos y guerrilleros indígenas en las diferentes etapas del conflicto.
Es innegable que hubo muertos, dolor y excesos, pero debemos entender que la guerra no se desarrolló bajo criterios raciales, sino por desarrollo de escenarios conflictivos geográficamente definidos.
Y un tercer y relevante punto, se asienta en las observaciones sobre el espíritu de la paz: era rescatar una condición perdida para la mayoría, donde fuimos afectados todos por la lucha entre posiciones ideológicas antagónicas. El costo fue ingrato: perdimos el tejido social, suplimos el desarrollo por la destrucción y, luego, quedamos expuestos a la vindicta pública internacional que, con o sin razón, reclama una justicia que le han vendido los mercaderes de la guerra, como una sentencia no contra dos oficiales militares, sino contra el Ejército.
Al final, infiero algo: la izquierda democrática, esa que participó con su símil de derecha pensante en la construcción de la paz y en la publicación que hoy comento, tiene claro que el propósito de quienes promueven el juicio por genocidio buscan sentar precedente para amañar la interpretación de los Acuerdos de Paz y alcanzar objetivos inconfesables. Según sus corrompidos sueños de riqueza, los mercaderes de la guerra aseguran que hoy son Ríos y Rodríguez, y mañana, serán otros militares que defendieron al país. Para ello es necesario, dicen, traicionar la paz y dividir a Guatemala.
Guatemala, 17 de Abril, 2013
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